El organismo supervisor estudia los presuntos pactos de
precios e intercambio de información en la distribución de coches.
La Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) continúa inmersa en su investigación a gran
escala abierta el año pasado a fabricantes y redes de concesionarios por pactar, presuntamente, precios y
condiciones comerciales e intercambiar información sensible en el negocio de la
distribución de vehículos en España. Para ello, “tras el análisis de la
documentación”, el supervisor ha decidido incluir recientemente a otras once
empresas: Automóviles Citroën España, B&M Automóviles España (distribuidora
de Mitsubishi), BMW Ibérica, Chevrolet España, Mazda Automóviles España,
Mercedes Benz España, Orio Spain (distribuidora de Saab), Peugeot España,
Porsche Ibérica, Renault España Comercial y Volvo Car España. Con éstas
compañías, el expediente abierto engloba ya a 24 marcas, mientras se examina,
además, el papel que han podido desempeñar dos firmas consultoras que realizan
informes de referencia en el sector (Snap-On y Urban Science), y el trabajo de
más de un centenar de concesionarios. Las empresas afectadas por la investigación
guardan silencio a la espera de que Competencia decida sobre los expedientes.
Indicios fundados
De
momento, el regulador ha investigado también a más de un centenar de empresas
por posible pacto de precios y condiciones comerciales y, recientemente, ha
ampliado este expediente a 18 concesionarios más por considerar que existían
“indicios racionales” de vulneración de la competencia “consistentes en
acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y
estratégica entre empresas”. Por su parte, fuentes del sector aclaran que se
trata, sobre todo, de intercambio de datos sobre la rentabilidad de la red de
distribución.
No prejuzga
Las conductas que se
investigan se consideran infracciones muy graves y pueden suponer una multa de
hasta el diez por ciento del volumen de negocio total de las entidades
infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la
multa. Si el supervisor determinara finalmente la existencia de prácticas
anticompetitivas en la venta de automóviles, bien a través de las
distribuidoras de los fabricantes, o de la red de concesionarios, esto
supondría un duro golpe para el sector. No obstante, la CNMV recuerda en un
comunicado que la ampliación de la incoación “no prejuzga el resultado final de
la investigación” y que se mantiene vigente el periodo máximo de 18 meses desde
la fecha en la que se abrió la investigación “para la instrucción y resolución
del expediente”.
El dato:
Diligencias.
La investigación comenzó en
verano de 2013 e implicó inspecciones de las firmas afectadas, además de dos
expedientes sancionadores que vinculaban a los fabricantes y sus distribuidoras
y salpicaba a todas las grandes marcas, y un segundo expediente que apuntaba
directamente a los concesionarios. Las compañías vigiladas entonces fueron Chrysler
España, Fiat Group Automobiles Spain, Ford España, General Motors España, Honda
Automóviles España, Hyundai Motor España, Kia Motors Iberia, Nissan Iberia,
Peugeot Citroën Automóviles España, Renault España, Seat, Toyota España y
Volkswagen Audi España.