Para los talleres, la vía para luchar contra la economía sumergida pasa por su denuncia a las administraciones y una necesaria colaboración.
Conepa
denuncia una posible falta de compromiso político para acabar con el
preocupante problema que representan los talleres fraudulentos que, a día de
hoy, constituyen ya una quinta parte del total y siguen su incremento masivo
beneficiados por la crisis. Para respaldar su valoración ha decidido hacer
públicas las conclusiones de un análisis del seguimiento real de las denuncias
realizadas directamente por sus 16 asociaciones de talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos ante los organismos competentes de las Comunidades
Autónomas en las que operan. El secretario general de la asociación, Víctor
Rivera, ha manifestado al respecto que han “querido trabajar con datos
concretos para volver a denunciar la posible falta de voluntad política para
luchar contra la economía sumergida en nuestro sector. Somos conscientes de que
no es una tarea sencilla, pues nuestras propias entidades se encuentran con
muchas dificultades a la hora de denunciar: pruebas, cambios de ubicación
constantes, etc., incluso miedo a represalias, pero entendemos que con ello
defendemos la supervivencia de miles de empresas que, en un momento tan
complicado como el actual, cumplen las reglas del juego y contribuyen a la
sociedad no sólo velando por su seguridad vial, sino también aportando con su
trabajo un granito de arena al bienestar global del país”.
La
profundidad del análisis es tal que, en el transcurso de su confección, el
Instituto Nacional de Estadística (INE) lo solicitó para conocer mejor la
incidencia de los talleres ilegales en la economía española con motivo de la
elaboración de la nueva base (Base 2010) de la Contabilidad Nacional de España.
Principales
conclusiones
La
federación considera que una de cada cuatro operaciones que se realizan
actualmente en automóviles se hace fuera de las empresas dadas de alta en los
registros preceptivos con la categoría de talleres de reparación y
mantenimiento de vehículos. Asimismo, añade que ese 25 por ciento de trabajos
se canalizan por las siguientes vías:
-
Establecimientos situados normalmente en polígonos industriales que, en
ocasiones identifican sus fachadas como talleres. Aunque en otras, ni siquiera
se muestran como tales de manera visible.
-
Garajes privados (fundamentalmente de chalets unifamiliares).
-
Establecimientos de alquiler de espacios para que los propios usuarios efectúen
las reparaciones (conocidos popularmente como ‘boxes’), donde mecánicos en paro
o con necesidad de sobresueldos “cobran” por las operaciones realizadas a
particulares.
-
Vía pública: reparaciones hechas en la calle por personas que cobran por ello.
-
Talleres móviles ilegales (furgonetas o turismos), carentes de elementos
identificativos en la mayoría de los casos, que suelen trabajar dentro de las
localidades evitando los lugares donde opera la Guardia Civil de Tráfico.
Trabajos más frecuentes
La
mayoría de las operaciones ilegales se dan en la especialidad de
electromecánica y son, en general, actuaciones relacionadas con el
mantenimiento periódico y con reparaciones de mecánica, siendo relativamente limitadas
las de electrónica. En cuanto a carrocería, la incidencia es algo menor y
se concreta en el arreglo de pequeños golpes, cambios de parachoques y, sólo en
muy contadas ocasiones, grandes reparaciones de carrocería y pintado de
vehículos enteros en cabina.
Denuncias presentadas
Las
asociaciones de Conepa han gestionado unas 450 denuncias formales de otros
tantos talleres presuntamente ilegales en los últimos tres años. De ellas, se
ha obtenido información de seguimiento de 257 casos, la mayor parte procedente
del Seprona en Cataluña (162). En el resto de las comunidades autónomas, sin
embargo, sólo se tiene constancia de actuaciones sobre 95 puntos de servicio.
Por
otra parte, la media de administraciones a las que se comunica cada
irregularidad detectada es de 5,4, siendo los servicios competentes en materia
de Industria y de Medio Ambiente a las que más se recurre para realizar
denuncias, y la organización más colaboradora, el Seprona. Prácticamente todas
las asociaciones la citan en su ranking de organismos más efectivos. A mucha
distancia quedan los servicios competentes de Trabajo, Industria y
Ayuntamientos.
Enviado a instituciones
Este
estudio se ha hecho llegar en una primera fase a las administraciones públicas
estatales (los Ministerios de Economía y Competitividad, Hacienda y
Administraciones Públicas, Empleo y Seguridad Social e Industria, Energía y
Turismo), así como a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC) y la Dirección General de Tráfico. También se ha remitido a la Dirección
General de la Guardia Civil con una felicitación al Seprona por ser la
institución que más está apoyando la lucha contra estas actuaciones.
EL DATO
Desarrollo de los talleres clandestinos
durante la crisis
En
2008, fecha en la que se inició la crisis, la existencia de talleres ilegales
en España no superaba el ocho por ciento, aunque estaba ya por encima de esa
cifra en Andalucía, Extremadura y Canarias. En zonas como Murcia y
Galicia, sin embargo, las asociaciones ya hablaban de porcentajes superiores al
15 por ciento, mientras en Madrid, País Vasco y Cataluña su incidencia era
mínima. No fue hasta 2010 cuando se acusa un aumento significativo en toda
España. Es especialmente representativa la evolución en las comunidades ricas:
un estudio realizado en Palma de Mallorca en 2011 habla de un 30 por ciento de
talleres ilegales en la ciudad. Además, Cataluña y Madrid comienzan a detectar
la subida de la actividad ilegal.
En 2012 y 2013 el conflicto se dispara en
todas las comunidades autónomas del país. El incremento continúa hasta la
actualidad y no tiene visos de una pronta solución a pesar de los continuos
esfuerzos hechos por las distintas asociaciones de talleres españoles,
compañías aseguradoras e instituciones.
FOTO: Motormática.