José Miguel Báez, presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), ha puesto al descubierto en una entrevista radiofónica la real dimensión del grave problema que está generando para las autoescuelas y sus alumnos la falta de examinadores de la DGT.
Báez ha dibujado, en el programa 'Sobre Ruedas' de Capital Radio, una grave crisis que este verano tendrá su punto álgido cuando aumente el actual déficit de examinadores, en un momento en el que miles de aspirantes aprovechan las vacaciones para obtener una licencia de conducción que les es necesaria para acceder a un puesto de trabajo.
José Miguel Báez y la CNAE han venido denunciado un problema que llevará al cierre de numerosas autoescuelas, la mayoría microempresas (9.300), y miles de trabajadores, especialmente del profesorado (37.000 empleos en sector de los que más de 17.000 son profesores).
El presidente de la confederación cree inevitable este caos para las autoescuelas, porque, ha reiterado, el Ministerio del Interior no pone solución a un problema que vienen denunciando desde el año 2013. Desde entonces las autoescuelas han advertido que se llegaría a esta situación, negada por la DGT hasta este mismo año, que ya reconoce una carencia de examinadores, por otra parte, en número menor al real calculado por las autoescuelas.
El presidente de la patronal de las autoescuelas ha asegurado que se ha tardado mucho en reaccionar para solventar el problema, al tiempo que ha explicado que el negocio de las tasas de examen es muy importante para la Dirección General de Tráfico, que sólo el año pasado ha obtenido un beneficio de alrededor de 70 millones de euros.
Cada aspirante ha de pagar para examinarse una tasa de 90,30 euros, que deberá pagar de nuevo si no aprueba en dos oportunidades y nuevamente la misma cantidad cada dos nuevas convocatorias. En 2017, la DGT ingresó por este concepto 114,5 millones de euros, de los cuales se obtienen esos 70 millones de beneficios, descontados los gastos de personal y los operativos.
La tasa de examen, ha recordado José Miguel Báez no está, según la Ley, para ganar dinero, porque con ella se ha de prestar el servicio de examen. Es por ello que CNAE pide que se facilite el servicio. “Es como decirle a un fabricante de automóviles que deje de fabricar porque sólo puede matricular unos miles diariamente”, ha argumentado el presidente de la CNAE.
Los alumnos de las autoescuelas son los grandes perjudicados por la mala prestación de este servicio, porque les cuesta más dinero la formación, acuden al examen peor preparados y suspenden con más facilidad. “Si los alumnos se ven obligados a interrumpir la formación por los retrasos en el examen, las autoescuelas tienen que parar sus coches. Si no hay facturación las autoescuelas se verán obligadas a prescindir de los profesores, en primer lugar”, ha advertido Báez.
Báez ha dibujado, en el programa 'Sobre Ruedas' de Capital Radio, una grave crisis que este verano tendrá su punto álgido cuando aumente el actual déficit de examinadores, en un momento en el que miles de aspirantes aprovechan las vacaciones para obtener una licencia de conducción que les es necesaria para acceder a un puesto de trabajo.
José Miguel Báez y la CNAE han venido denunciado un problema que llevará al cierre de numerosas autoescuelas, la mayoría microempresas (9.300), y miles de trabajadores, especialmente del profesorado (37.000 empleos en sector de los que más de 17.000 son profesores).
El presidente de la confederación cree inevitable este caos para las autoescuelas, porque, ha reiterado, el Ministerio del Interior no pone solución a un problema que vienen denunciando desde el año 2013. Desde entonces las autoescuelas han advertido que se llegaría a esta situación, negada por la DGT hasta este mismo año, que ya reconoce una carencia de examinadores, por otra parte, en número menor al real calculado por las autoescuelas.
El presidente de la patronal de las autoescuelas ha asegurado que se ha tardado mucho en reaccionar para solventar el problema, al tiempo que ha explicado que el negocio de las tasas de examen es muy importante para la Dirección General de Tráfico, que sólo el año pasado ha obtenido un beneficio de alrededor de 70 millones de euros.
Cada aspirante ha de pagar para examinarse una tasa de 90,30 euros, que deberá pagar de nuevo si no aprueba en dos oportunidades y nuevamente la misma cantidad cada dos nuevas convocatorias. En 2017, la DGT ingresó por este concepto 114,5 millones de euros, de los cuales se obtienen esos 70 millones de beneficios, descontados los gastos de personal y los operativos.
La tasa de examen, ha recordado José Miguel Báez no está, según la Ley, para ganar dinero, porque con ella se ha de prestar el servicio de examen. Es por ello que CNAE pide que se facilite el servicio. “Es como decirle a un fabricante de automóviles que deje de fabricar porque sólo puede matricular unos miles diariamente”, ha argumentado el presidente de la CNAE.
Los alumnos de las autoescuelas son los grandes perjudicados por la mala prestación de este servicio, porque les cuesta más dinero la formación, acuden al examen peor preparados y suspenden con más facilidad. “Si los alumnos se ven obligados a interrumpir la formación por los retrasos en el examen, las autoescuelas tienen que parar sus coches. Si no hay facturación las autoescuelas se verán obligadas a prescindir de los profesores, en primer lugar”, ha advertido Báez.
