El proyecto PreveFemete, subvencionado por el Gobierno de Canarias,
mejora las condiciones de seguridad y
salud en el trabajo.
La
cultura preventiva avanza de forma notable entre las empresas de servicios
auxiliares a la construcción de la provincia tinerfeña, al mismo tiempo que
están más concienciadas en la idea de que invertir en prevención de riesgos
laborales es sinónimo de rentabilidad. Esas son dos de las conclusiones del
proyecto PreveFemete que presentó esta patronal, subvencionado por la
Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias,
con la colaboración del Instituto Canario de Seguridad Laboral, a través de la
ayuda “subvenciones destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones
dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo” en el
ejercicio 2017.
El
objetivo principal de es fomentar el conocimiento y la aplicación de la
normativa en materia de prevención de riesgos laborales para reducir la
siniestralidad y el número de enfermedades profesionales, así como la
prevención y protección de los/as empleados/as frente a los riesgos nuevos o
emergentes.
En
concreto, una encuesta elaborada entre las empresas del sector destaca que el
83% de trabajadores/as realizan cursos generales en materia de prevención de
riesgos laborales y están informados sobre los distintos EPIs que deben
utilizar en sus puestos. Además, el 93% de las empresas facilita todos los EPIs
recomendados en la evaluación de riesgos a sus empleados/as. La legislación
establece que un incumplimiento en este sentido se considera una infracción
grave, con fuertes responsabilidades y sanciones de entre 2.000 y 40.000 euros,
según determine la autoridad competente.
Elección de servicios
El 89% de
las empresas eligen los Servicios de Prevención Ajenos (SPA) como la opción
preferida para organizar la gestión de la actividad preventiva. En concreto,
proporcionan el asesoramiento y apoyo que precise la empresa en lo referente al
plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, medidas
preventivas, información y formación del personal, primeros auxilios, planes de
emergencia y la vigilancia de la salud de trabajadores/as.
También
el estudio detecta que el 67% de las empresas ha realizado la evaluación de
riesgos laborales, que es la actividad fundamental que la ley establece que
debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se efectúen determinados cambios.
Así, pueden detectarse los riesgos que puedan existir en todos y cada uno de
los puestos de trabajo de la empresa y que afectarían a la seguridad y salud.
El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar debidamente
los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo las medidas
preventivas pertinentes.
Otra
conclusión es que el 54% desconoce en qué consiste la Coordinación de
Actividades Empresariales (CAE), que propone controlar los riesgos que se
originan por la concurrencia de actividades de distintas empresas, en un mismo
centro de trabajo y requiere planificación, compromiso de distintos
departamentos de la empresa, anticipación, conocimiento de las actividades que
concurren y control de las condiciones de trabajo.
Finalmente, el 58% de las empresas
encuestadas cuenta con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La normativa
establece que todo empleado/a tiene derecho a una protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo. Para cumplir ese deber de protección el
empresario/a debe aplicar un Plan de Prevención de los Riesgos Laborales. Es la
herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la
empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de
prevención de riesgos laborales.
Foto: Femete.