La
Federación Española de Empresarios Profesionales de Automoción (Conepa)
valora positivamente que se conserve el régimen de incompatibilidades, lo que
mantiene y refuerza la independencia de las empresas que prestan este
importante servicio a la sociedad. Desde que se conocieran los primeros
textos de los anteproyectos de Real Decreto, en los que se abría la
posibilidad de que otros operadores vinculados a la venta y posventa de
vehículos pudieran realizar también la inspección oficial del estado de los
automóviles durante su vida útil, nuestra federación se ha mostrado
muy activa, ha mantenido un contacto estrecho con la Administración española y
de la Unión Europea y ha acudido en dos ocasiones a Consejo de Estado para
incidir en ese aspecto.
Conepa
ha basado siempre sus argumentaciones con respecto a este tema en su propia
experiencia histórica. Cuando en la década de los 80 se pusieron en marcha las
bases del actual sistema de controles periódicos, nuestro sector reivindicó su
papel como “supervisor eficaz” de los vehículos, entendiendo que podría ser una
buena fórmula que los propios talleres “certificaran” el buen estado de los
coches de sus clientes. En aquel momento, se nos acusó de querer ser “juez y
parte” y entendimos perfectamente el mensaje: había que garantizar la
imparcialidad de los controles y no contaminarlos con otros posibles intereses.
La
práctica ha demostrado que los talleres han cumplido perfectamente con su
función, preparando adecuadamente los vehículos para que circulen en buenas
condiciones y siendo unos estupendos aliados de las ITV en ese mismo fin.
Consideramos que, para los usuarios, es una garantía de imparcialidad el que
cada operador tenga su función, sin otro interés que acometerla con éxito: los
talleres haciendo bien su trabajo en las reparaciones y mantenimiento de
vehículos y las ITV analizando el estado de los mismos y su idoneidad para
circular por nuestras calles y carreteras.
Desde
el punto de vista empresarial, el trabajo indirectamente generado por las
inspecciones periódicas obligatorias representa para el conjunto de
los talleres a nivel nacional en torno al 15 por ciento de su actividad, y en
algunos casos, dependiendo de la especialidad del taller, puede superar el 25
por ciento, como producto tanto de las revisiones de control previas al paso de
los automóviles por las ITV, como consecuencia de los fallos detectados en las
mismas.
La
federación considera asimismo que unos mayores controles sobre los vehículos en
materia de control de emisiones y los análisis de los equipos electrónicos,
recogidos en la nueva normativa, son positivos e indispensables para poder
vigilar que los vehículos funcionen correctamente y sean seguros para sus
ocupantes, otras personas que circulan en automóvil y los peatones, es decir
para el conjunto de la sociedad.
El Dato:
Sin
alusiones al certificado de taller tras un rechazo.
La federación lamenta, no obstante, que la administración competente no
haya tenido en cuenta la propuesta planteada por vez primera ante
Industria en 2012, para que los coches con defectos graves o muy graves
motivo de rechazo en las ITV, tengan que presentar en su posterior visita a la
estación técnica una factura, certificado de taller o documento similar que
asegure que los problemas detectados se han solventado en un taller que cumple
con la normativa vigente.
Asimismo, la federación seguirá trabajando en este proyecto tanto a nivel
de la Administración central como en CCAA. Recordando que, con el soporte de la
federación, algunas entidades miembro han conseguido que en las comunidades
autónomas de Baleares y Galicia se haya puesto en marcha esta medida con
carácter de recomendación.
Foto: Motormática.